El bloque de legisladores del ARI reclamó que la Fiscalía de Estado realice control de legalidad y constitucionalidad de la sesión especial realizada el viernes 19 de octubre, como así también de los proyectos aprobados durante la misma.
El Gobierno podría quedarse sin Letras, la Legislatura sin Presupuesto y la Provincia sin asunción anticipada
09/01/2012
La legalidad de la sesión especial bajo análisis

El Gobierno podría quedarse sin Letras, la Legislatura sin Presupuesto y la Provincia sin asunción anticipada

Si la Fiscalía de Estado encuentra sustento a la presentación realizada por el bloque parlamentario del ARI, las tres leyes y el acuerdo de pago del Fondo Residual aprobados en la sesión especial del vienes pasado podrían carecer de validez. En ese caso el Ejecutivo no podría emitir Letras de Tesorería por hasta 70 millones de pesos, el Parlamento debería rediscutir su presupuesto 2008 y Fabiana Ríos vería impedida la posibilidad de asumir el Gobierno de manera anticipada.

En el escrito presentado por el legislador Manuel Raimbault se sostiene que la sesión en cuestión se llevó adelante violando preceptos constitucionales y legales que garantizan la publicidad de los actos de gobierno, en este caso de las sesiones legislativas. Indica que el tema no es menor, y que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avalan su reclamo de que “la sesión no se llevó a cabo en condiciones de validez, pues no se ha garantizado –en modo alguno– los elementos de publicidad adecuada que exige la normativa vigente”.
Además de una potencial nulidad de la misma, peticiona se dé inicio “a las acciones que correspondan en relación a la gravedad de las irregularidades denunciadas, sin perjuicio de que, para el futuro, intime inmediatamente a la Legislatura de la Provincia a que arbitre las medidas que correspondan a fin de que, en las próximas sesiones, se cumpla acabadamente con la normativa vigente en relación al lugar físico a desarrollarlas”.

Además, solicita que la Fiscalía de Estado analice en detalle la legalidad y constitucionalidad de la modificación de la ley de presupuesto 2007, que posibilitó elevar a 70 millones de pesos el límite para la emisión de Tesorería, y de la resolución por la que se aprobó el presupuesto legislativo 2008. Afirma que en ambos casos los legisladores excedieron las facultades constitucionales y reglamentarias que tiene en materia de iniciativa presupuestaria, ya que aquella está reservada con exclusividad al Poder Ejecutivo, en lo que hace al presupuesto provincial, y a la presidencia de la Legislatura, en lo que hace al presupuesto del parlamento.

Refiere que a pesar de esa limitación, la modificación al presupuesto provincial tuvo origen en un proyecto del legislador Velazquez “quien si bien es cierto es públicamente conocido como un “amigo” del señor Cóccaro, esto no lo trasforma, transitivamente, también en Gobernador”; y que el proyecto de presupuesto legislativo 2008 fue autoría del legislador Roberto Frate.

Con el objetivo de evitar que el Gobierno saque provecho de la actual situación, el arista también solicitó que la Fiscalía ordene al Ejecutivo “se abstenga de emitir nuevas letras de tesorería al amparo de las disposiciones sancionadas el 19 de octubre”.

Plantea que en caso de no hacer lugar a esa medida cautelar y “ante la sospecha efectiva de generalizados actos de corrupción en el Gobierno Provincial” ordene que previo al pago de cualquier acreencia o contrato “en control conjunto del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado de la Provincia se emita dictamen favorable de ambos organismos de control sobre la legalidad de la contratación que origina el pago”, y que en caso de que “la obligación, en concepto de capital, supere la suma de $ 3000 el dictamen también deba incluir opinión sobre la racionabilidad de precios y verificación del cumplimiento de la prestación”.
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