La Gobernadora resolvió poner en funcionamiento al Consejo Económico y Social, para lo cual procedió reglamentar la ley provincial 321 y convocó las entidades gremiales y empresarias e instituciones públicas que los integran a que designen a sus representantes.

Mediante el dictado del decreto 878/08, del pasado miércoles 21 de mayo, se resolvió que el Consejo se integre con 2 representantes de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.), 2 representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (C.T.A.) y 1 representante por el sindicato del sector que estuviera directamente involucrado con la temática sobre la que verse la consulta, proyecto o dictamen a tratar; por el sector laboral de la provincia.

El sector empresario, en tanto, contará con 1 representante por la Unión Industrial Fueguina (U.I.F), 1 representante por Cámara de la Construcción y un 1 representante por las Cámaras de Comercio. Se estipula además que según los temas a tratar, deberán ser convocadas a emitir su opinión, pero sin derecho a voto, aquellas Cámaras del sector que estuvieran directamente involucradas con la temática a abordar.

Por su parte, el Poder Ejecutivo estará representado por el Ministro de Gobierno y el Ministro de Economía, y los Concejos Deliberantes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia por los presidentes de cada uno de esos cuerpos legislativos.

El decreto en cuestión prevé que para la primera reunión del Consejo deberá integrarse al cuerpo 1 representante de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (U.O.C.R.A.), a fin de evaluar “además de otras medidas públicas, el plan de obras presentado a la Legislatura”.

De acuerdo con la ley 321, sancionada el 30 de Septiembre de 1996, el Consejo Económico y Social deberá sesionar todos lo meses, y tendrá como funciones “dictaminar en las consultas que le formulare el Poder Ejecutivo Provincial; elevar proyectos a la Legislatura Provincial sobre todo asunto concerniente a los aspectos sociales y económicos en relación con el desarrollo provincial; dictaminar sobre toda cuestión de emergencia económica y social; proponer la creación de comisiones de trabajo; y designar a uno o más de sus miembros para exponer ante las Comisiones de asesoramiento Permanente de la Legislatura Provincial o ante el Poder Ejecutivo”.