A la medida prevista para este jueves se podría sumar el Sindicato de Profesionales de la Salud. Los gremios buscan que la medida de fuerza se sienta con fuerza en la educación, la salud pública y el escalafón seco de Casa de Gobierno. Las acciones se definieron en el segundo encuentro de estatales en lucha contra el ajuste. Allí se analizó la presentación de un pedido de juicio político en contra de la gobernadora Fabiana Ríos por destrucción de la salud y la educación pública.
SUTEF y AFEP resolvieron ir a un paro y amenazan con pedir juicio político a Rios
28/09/2014
Segundo Encuentro de Estatales en Lucha contra el Ajuste

SUTEF y AFEP resolvieron ir a un paro y amenazan con pedir juicio político a Rios

A las medidas también adhirió la CTA electa como así también delegados y referentes de diversos sectores estatales de las tres localidades de Tierra del Fuego.


La conducción de la CTA acompañó la realización del paro y recordó que para esa fecha, sus nuevas autoridades ya estarán en funciones. Se estima que asuman en sus cargos este martes.


En tanto SIPROSA deberá ratificar esta semana en asamblea si se adhiere en todos los términos a la inactividad planteada para el jueves.


Para ese 2 de octubre se espera realizar una concentración en el Hospital Regional Ushuaia para luego movilizar hacia la Legislatura y Casa de Gobierno.


Los reclamos también incluyen pedirle al Ejecutivo Provincial que deje sin efecto las demoras en la transferencia de aportes y contribuciones al IPAUSS y garantice el pago en tiempo y forma de los haberes jubilatorios estatales.


Los motivos de la medida de fuerza se darán a conocer en profundidad este lunes en una conferencia de prensa que se realizara a las 11.30.


En el encuentro de dirigentes sindicales se analizó con los distintos sectores de trabajo la posibilidad de realizar un pedido de juicio político a la gobernadora Fabiana Ríos por la “destrucción de la salud y la educación pública”.


Los diversos gremios también manifestaron su más enérgico repudio al “papel de la Justicia fueguina” en el caso de coimas y que resultó condenado con dos años de prisión en suspenso el ex presidente del IPRA de esta gestión Adrián Arias. También le reprocharon a ese Poder las demoras en el tiempo (como en el caso Calchaquí) para las causas que involucran a ex funcionarios mientras que las causas que involucran trabajadores se definen procesamientos en tiempo record. “Eso deja en evidencia que hay una justicia para el establishment político y otra para los trabajadores”, afirman al hacer referencia a la causa por los incidentes en la ocupación docente de Casa de Gobierno de 2013.

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