El Fiscal de Estado solicitó a la gobernadora Fabiana Ríos y al presidente de Puertos, licenciado Néstor Lagraña; que se evite todo tipo de negociación extra judicial con empresarios o representantes legales de la empresa Andrade Gutíerrez, sin la intervención de ese organismo; en torno el litigio por la obra Puerto Caleta La Misión, bajo riesgo que esas acciones puedan perjudicar el estado favorable para la Provincia en la causa judicial en trámite ante la Corte Suprema. Advirtió que podría iniciar querella criminal de comprobarse alguna acción en ese sentido.
Fiscalía de Estado iniciará querella criminal si se realizan negociaciones extra judiciales
28/10/2014
LITIGIO POR OBRA PUERTO CALETA LA MISION

Fiscalía de Estado iniciará querella criminal si se realizan negociaciones extra judiciales

El doctor Virgilio Martínez de Sucre, Fiscal de Estado, remitió las notas 696/2104 y 697/2014; a la gobernadora Fabiana Ríos y al Licenciado Néstor Lagraña, presidente de Puertos; respectivamente, para advertir sobre las posibles consecuencias para el Estado Fueguino por negociaciones extra judiciales que puedan realizar algún funcionario de Gobierno ante representantes legales o directivos de la Constructora Andrade Gutíerrez, que reclama una indemnización de casi 95 millones de pesos, en el litigio por la obra Puerto Caleta La Misión, en Río Grande. 


En la nota, el Fiscal de Estado señala que “existiendo hasta el momento una sentencia favorable a los intereses del Fisco, los funcionarios tanto de la administración central como de la Dirección Provincial de Puerto y de cualquier otra dependencia pública se encuentran absolutamente impedidos de presentarse y de actuar en nombre de la Provincia iniciando negociaciones, acuerdos o gestiones ante las empresas en cuestión, como así también ente los estudios que las patrocinan judicial y administrativamente que puedan comprometer la posición del Estado Provincial durante el proceso, sin la formal y debida intervención de la Fiscalía de Estado, que es el organismo encargado de ejercer la representación judicial de la Provincia y a quien cabe la defensa de su patrimonio en juicio (artículo 167 de la Constitución Provincial)”. 


“De verificarse la existencia de acuerdos, reuniones, reconocimientos, transacciones o cualquier otra actividad de parte del Ejecutivo o de cualquiera de los funcionarios que dependan de la Gobernadora, comprometiendo la materia litigiosa sin la debida participación a este organismo por los canales formales previstos a tal fin, consideraré tal conducta, según el caso, como defraudatoria y/o lesiva de los intereses provinciales, promoviendo no sólo las querellas criminales contra eventuales responsables sino también las pertinentes acciones administrativas de rigor, mediante las que se garantice tanto el debido apego a la legalidad y la protección de los intereses de la Provincia”.

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