La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen a un proyecto de ley que busca crear Secretarías de Narcotráfico en los juzgados federales de las provincias que sean limítrofes a otros países, medida que de concretarse, se implementará en Tierra del Fuego, en su calidad de insular y de ser una jurisdicción que limita con Chile.
Buscan crear Secretarías de Narcotráfico en las provincias limítrofes
19/06/2014
JUZGADOS FEDERALES

Buscan crear Secretarías de Narcotráfico en las provincias limítrofes

La iniciativa ideada por los senadores Ernesto Sanz (UCR) y Gerardo Morales (UCR), prevé la creación de Secretarías de Narcotráfico, cuyos integrantes podrán ser seleccionados por la Corte Suprema, proponiendo a estos fines a gente que sea especialista en el tema. 


“Este proyecto pretende ser una respuesta en la investigación, prevención y persecución de carácter legal al grave problema que nos plantean las bandas organizadas de manera estructurada dedicadas a la comisión del delito del tráfico ilegal de estupefacientes, con miras a la acusación de quienes, en particular o en forma estructurada, no fortuita, permanente o reiterada, actúen concertadamente con el propósito o con la finalidad de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de carácter material”, expresaron los senadores. 


En sus fundamentos, los legisladores destacaron que “el autor mexicano Eduardo Andrade Sánchez resalta que el hecho de que un inconveniente grave en la lucha contra este tipo de delincuencia es su gran capacidad organizativa, frente a cuerpos policiales que actúan sin coordinación, con procedimientos heterogéneos, con entrenamiento y capacitación desiguales, y con prioridades y programas fuertemente desarticulados”. 


En el Senado también avanza un asunto para aplicar multas que van de 750 a 12.500 pesos, con inhabilitaciones que van desde un mes a un año para el funcionario público de las fuerzas de seguridad que sin previa autorización abandone su posición “con daño del servicio público”. 


La iniciativa señala que “el miembro de una fuerza de seguridad Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”.

Encuesta
¿Está de acuerdo con la política encarada por el Gobierno Nacional en la cuestión Malvinas?
Coincido
58%
Es equivocada
42%
Cargando...