La ordenanza, sancionada anteriormente por el Concejo, había sido vetada por el Ejecutivo Municipal a partir de un informe de la UISE, Sociedad del Estado a cargo del servicio. Este miércoles en sesión ordinaria, y con el acompañamiento unánime del Cuerpo, prosperó la iniciativa del concejal Ayala para insistir la ordenanza, que deberá ser aplicada en el plazo de 90 días y garantizará el acceso a 60 boletos mensuales.

El impulsor de la normativa, concejal Gastón Ayala (MPF), sostuvo que “es una ordenanza pensada con una profunda mirada social, orientada a quienes necesitan acceder al sistema de transporte todos los días, en este contexto económico tan complicado para nuestros abuelos”.

El Concejal dijo que el veto no tenía fundamentos del Ejecutivo; sólo de la empresa, que planteó el “fino equilibrio financiero” y aseguró que este “subsidio” era mínimo para la economía de los jubilados y pensionados.

“Llama la atención que la empresa haga un análisis sobre la realidad económica y financiera de los adultos mayores, sin siquiera un estudio de mercado, sobre todo teniendo en cuenta que utilizan el servicio por no poder acceder a otra alternativa como el taxi o el remis para sus actividades cotidianas”, dijo Ayala.

Sostuvo que “no se puede avanzar y garantizar el acceso de la población más vulnerable al servicio de transporte público, mirando al costado y pensando que este tipo de herramientas son un simple subsidio que no vale la pena”, advirtió Ayala. “Nosotros recorremos los barrios, observamos las necesidades de los vecinos y estamos comprometidos con la ciudad”.