De acuerdo al comunicado que fue difundido por la oficina de prensa, el fiscal subrogante Pablo Candela, desestimó rápidamente la denuncia por abuso sexual de las dos personas que brindaron su testimonio sobre los pedidos de tener relaciones hechos por el Intendente a Alfredo Suasnabar y Damián Rivas. Sin embargo, requirió investigar las presuntas irregularidades en la asignación de las obras públicas, ordenando allanamientos en las empresas Patagonia Construcciones y Vaquera.

El comunicado oficial, difundido anoche, señala:

El Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del juez Raúl Sahade investiga la denuncia del abogado Francisco Giménez donde puso en conocimiento que 3 personas, a cambio de favores sexuales, estarían siendo beneficiados con trabajos de obra pública por parte del Intendente Gustavo Melella.

Una vez que el Juez  tomó conocimiento, en forma inmediata le tomó declaración testimonial a los posibles damnificados. Dos de los denunciantes instaron la acción penal, mientras que el tercero representado por el doctor Giménez no lo hizo.

En el caso de los posibles damnificados, el juez Sahade corrió vistas al Fiscal Mayor (Guillermo Quadrini), que por subrogancia intervino, el doctor Pablo Candela quien desestimó la denuncia debido a que consideró que no hubo abuso sexual. Este pedido Fiscal aún no fue resuelto por el juez. En el caso de la investigación por posible irregularidad en la asignación de obra pública la Fiscalía impulso la investigación.

Días más tarde se presentó el damnificado que no había instado acción penal y con su abogado, el doctor Francisco Gímenez, la instó. Por esta acción, se aguarda que la Fiscalía Mayor se expida de la vista que el Juez le corrió si instruye sumario o desestima. 

Sobre las medidas de pruebas ordenadas por el Juez Sahade, solicitó informes relacionadas con las obras a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Tribunal de Cuentas. El magistrado ordenó el allanamiento de las 2 empresas que son mencionadas en la denuncia como las que habían facturado las obras y se requirió documentación a la municipalidad de Río Grande, la que aún está siendo analizadas y peritada.

El juez aclaró que nunca se allanó la municipalidad y la causa nunca estuvo bajo secreto del sumario como tomó estado público.

También aclaró que los teléfono donde estarían los mensajes que habrían ocurrido entre el Intendente y los damnificados no se secuestraron porque los que instaron la acción pidieron conservarlo debido que es una herramienta de trabajo. Asimismo dejaron constancia en su declaración testimonial que los ponían a disposición para que cuando el Juzgado lo requiera.