Solicitaron ante la Justicia que se dicte una medida autosatisfactiva y un amparo, que les permita desarrollar su labor. Desde el 13 de marzo hasta la fecha, pueden trabajar vía web pero no pueden atender desde sus oficinas donde tienen sus archivos.
Abogados de Río Grande piden abrir sus estudios jurídicos
21/08/2020
PRESENTARON UNA DEMANDA CONTRA EL GOBIERNO

Abogados de Río Grande piden abrir sus estudios jurídicos

Un grupo de abogados de Río Grande presentó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial un escrito en el cual piden el dictado de una medida autosatisfactiva, en contra del Gobierno de la provincia por “el grave daño actual que nos produce la lesión y restricción a nuestro derecho constitucional a trabajar y ejercer industria lícita”, establecido en la Constitución Nacional y Provincial.

Los abogados de la matrícula, firmantes del escrito, son: Rafael Diez, Gustavo García Casanovas, Francisco Giménez, Leonardo Plasenzotti, José Raúl Velazco, Martín Luft.

En la presentación solicitan al Juez que “ordene al demandado a autorizar la apertura de los Estudios Jurídicos establecidos en la ciudad de Río Grande”, entendiendo que existe para la actividad “un protocolo para los profesionales de la abogacía aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE)” y no se halla entre las actividades específicamente prohibidas establecidas en el artículo 18 del DNU 677/20.

Así, solicitan se dicte “una medida cautelar por la cual se autorice a los firmantes de la presente, conjuntamente con el resto de los estudios jurídicos establecidos en la ciudad de Río Grande, a que se reinicie su actividad profesional de manera inmediata con la reapertura de sus estudios y oficinas jurídicas”, en los mismos términos que se permite el funcionamiento de las escribanías.

En el escrito puntualizan que los abogados de Río Grande “podemos desarrollar por vía informática nuestra actividad profesional, pero no podemos acceder a nuestras oficina en nuestros estudios jurídicos, donde tenemos nuestros archivos, nuestra computadoras, nuestros libros, nuestras carpetas y nuestro ámbito de trabajo, todos los firmantes de la presente, desde hace como mínimo 25 años”.

Advierten que “de recibir una notificación en un juicio un abogado no puede acceder a su oficina para tener sus archivos, carpetas, libros y apuntes para contestarla, lo que lo pone en un evidente desequilibrio con aquel que sií puede tener acceso. Asimismo, con el alto nivel de pobreza que atraviesa nuestra ciudad, no todos los justiciable cuentan con los remedios tecnológicos que pudieran acercarlo a su abogado sin acudir a su oficina”.

Plantean que “casi toda la gente podría llamar a su abogado por teléfono celular, pero no todos tienen celulares de alta gama o conocimiento para su manejo, que le permitan enviarle un documento a su abogado de confianza, recibir un mail, imprimir una carta documento, o alguna de las muchas otras actividades que un justiciable debe realizar con su profesional de confianza”.

Lesiona el servicio de justicia

Advierten en el escrito que “existen más de 360 abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de Río Grande, la mayoría de los cuales no se encuentra trabajando en relación de dependencia ni con entes públicos ni con empresas privadas, ni prestando asesoramientos pagos de retribución mensual, por lo que imposibilidad de trabajo desde el día 13 de marzo hasta la actualidad, esto es cinco meses, a salvo del interregno de dos semanas en que se nos permitió trabajar con el protocolo para profesionales abogados, ha generado una situación económica desastrosa para la mayoría de los colegas, muchos con cargas de familia y muchos sin un desarrollo profesional de largos años que, quizás, les hubiera permitido generar ahorros previos para soportar este duro momento”.

 

Fuente: El Sureño

 

 

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